El Gobierno ha decidido prolongar durante todo el año 2026 las principales medidas de protección social dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad. El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, amplía la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual, mantiene la prohibición de los cortes de suministros básicos y da continuidad al bono social eléctrico, reforzando así el escudo social desplegado desde el inicio de la crisis sanitaria.
La norma responde a un contexto económico todavía marcado por el incremento del coste de la vivienda, la escasez de alquiler asequible y el peso que suponen los gastos fijos para numerosos hogares, especialmente aquellos con menores ingresos o situaciones de especial fragilidad social.
La prórroga consolida medidas que ya se venían aplicando desde marzo de 2020 y que el Ejecutivo considera aún necesarias para evitar situaciones de exclusión residencial y energética.
En materia de vivienda, el Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos que afecten a hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Esta medida se aplica tanto a procedimientos derivados de contratos de arrendamiento como a otras situaciones en las que la persona o unidad familiar se encuentre en una situación de vulnerabilidad social y económica debidamente acreditada, y no disponga de una solución residencial adecuada.
El objetivo es evitar que familias en riesgo de exclusión se vean privadas de su vivienda habitual mientras persisten las dificultades de acceso a un alojamiento digno y asequible.
La norma también tiene en cuenta el impacto de estas medidas sobre los arrendadores y propietarios afectados por la suspensión de los desahucios. En este sentido, se amplía hasta el 31 de enero de 2027 el plazo para que puedan solicitar la compensación económica prevista legalmente cuando se haya acordado la suspensión del lanzamiento.
Esta previsión busca equilibrar la protección social de las personas vulnerables con los derechos económicos de los titulares de las viviendas, manteniendo un marco de seguridad jurídica durante la aplicación de la moratoria.
El Real Decreto-ley 16/2025 reconoce que, pese a la moderación reciente de los precios de la energía, persisten colectivos con serias dificultades para afrontar los gastos energéticos básicos. Por ello, el Gobierno ha anunciado el diseño de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030, destinada a abordar esta problemática de manera estructural.
Hasta que dicha estrategia esté plenamente operativa, se mantienen y refuerzan las medidas transitorias de protección.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, los descuentos aplicables a través del bono social eléctrico serán:
Con esta prórroga, el Ejecutivo pretende garantizar que los hogares con menor capacidad económica puedan seguir accediendo a un suministro eléctrico esencial en condiciones asumibles.
Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de suspender el suministro de electricidad, gas natural y agua a las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. Esta garantía de suministro se configura como una medida clave para prevenir situaciones de exclusión social y proteger condiciones mínimas de vida digna.
La prórroga de la suspensión de desahucios y de la prohibición de cortes de suministros básicos refuerza el marco de protección social vigente y confirma que las situaciones de vulnerabilidad residencial y energética siguen siendo una prioridad pública. El Real Decreto-ley 16/2025 consolida un enfoque preventivo frente a la exclusión, al tiempo que abre el camino hacia soluciones estructurales, especialmente en el ámbito de la pobreza energética, que deberán desarrollarse a partir de 2027.
